Crisis de seguridad: falta de conducción
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La opinión pública tiene justificadas razones para ver con alarma la deriva para peor de la crisis delictual que vive el país, con focos de especial intensidad en la Región Metropolitana y el norte de Chile. Por un lado, la multiplicación de noticias sobre hechos delictivos de creciente gravedad y violencia alimenta la percepción de un problema que -pese a las sonoras promesas de enfrentarlo con rigor y resultados- va empeorando, en lugar de solucionarse. Por otro lado, tal vez más preocupante aun, la ciudadanía puede comprobar virtualmente a diario cómo las autoridades carecen tanto de una real estrategia antidelincuencia -más allá de reactivos paquetes de medidas y leyes de escaso impacto duradero-, como de la voluntad política de impulsarla.
Al no haber una respuesta de política pública tangible, se genera espacio para propuestas populistas y/o autoritarias.
En esta materia, podría decirse que las fallas del gobierno se manifiestan en dos dimensiones. La primera es de gestión y corto plazo, donde con frecuencia se ve a autoridades que se equivocan, se retractan o se contradicen, como ocurrió en días pasados con el polémico vuelo de expulsión de venezolanos. Anteriormente, los vaivenes respecto de los “presos políticos”, los indultos presidenciales, o las usurpaciones “pacíficas” fueron ejemplos similares.
La segunda es más estructural, e incluye elementos ideológicos, pues hoy es claro que buena parte de la respuesta de largo plazo ante el recrudecimiento de los delitos consiste en implementar o continuar políticas muy resistidas (y rechazadas) durante la administración anterior, cuando quienes gobiernan hoy actuaban en la oposición (el propio Presidente Boric ha hecho un mea culpa por ello). Ejemplos claros son la decisión de prolongar, hasta ahora indefinidamente, el estado de excepción en el sur -muy criticada cuando se adoptó hace un par de años-, o la de acelerar los procesos de expulsión de migrantes irregulares o con prontuario delictual, entre otras.
En este clima de falta de conducción de parte del Gobierno a través de una estrategia que realmente coordine los recursos, capacidades y esfuerzos multi institucionales que requiere una tarea como esta, surgen con mayor facilidad ideas preocupantes, como rebajar la edad de imputabilidad penal o decretar estado de excepción a nivel nacional. Porque al no haber una respuesta de política pública tangible, se genera espacio para propuestas populistas y/o autoritarias. Justamente lo último que necesitamos para hacer frente a esta crisis.
